La calificación presidencial

Manuel J. Clouthier
El Universal
Septiembre 12, 1988

Escribo este artículo el sábado a las 8:00 a.m. cuando todavía la Cámara de Diputados está convertida en Colegio Electoral para calificar la elección presidencial.

Pronto tendré que salir rumbo a Guadalajara para asistir a un mitin de campaña de nuestro candidato a la gubernatura de su estado, el licenciado Héctor Pérez Plazola, además estaré en la convención de la Perla Tapatía, donde habrá de votarse para sacar nuestro candidato a presidente municipal de esa alcaldía.

Pero permítaseme volver al tema del momento que es la calificación presidencial donde podemos observar la desesperación del sistema por proclamar vencedor a cualquier costo a su candidato oficial.

Saben que ha perdido todo vestigio de legitimidad dentro y fuera de la nación.

Aquel propósito expresado por el licenciado Jorge de la Vega Domínguez de que querían ganar y sobre todo que se creyera que lo habían hecho, es ya cosa olvidada.

El sistema fracasó rotundamente en su deseo de legitimarse y todo mundo sabe que hubo fraude antes, durante y después de las elecciones.

Mi comparecencia ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, me dio oportunidad de leer un documento donde dejé asentados los siguientes puntos:

• El marco legar que el Código Federal Electoral asienta para las elecciones fue hecho por el grupo en el poder y opera sólo para beneficio de él mismo. El único que tiene autoridad real en las casillas electorales es el presidente de la misma, el cual es designado por el Gobierno, mientras a los candidatos y los representantes de los partidos políticos sólo se les permite presentar por escrito sus quejas que después el Tribunal de lo Contencioso resolvió que tales protestas no eran válidas.
• Además se violaron, en el periodo previo a las elecciones, los derechos humanos en agravio del pueblo y de los candidatos, tal fue el caso de la violación a la libertad de opinión y expresión. Se otorgó toda clase de privilegios al candidato oficial, como fue utilizar los dineros del erario público en su campaña y el hecho que Estado Mayor Presidencial le dio seguridad y logísticas al candidato oficial.
• Fue violado el derecho al voto libre y secreto, millones de mexicanos, obreros, campesinos, empleados públicos y de paraestatales vieron ultrajados sus derechos naturales al no permitírseles votar en forma reservada y sin presión.
• En la jornada electoral hubo "taqueo de votos", "brigadas de votantes" "relleno previo de urnas"; voto comparativo compulsivo,  voto falso en paquete, maquillaje de actas en casillas, municipios y distritos. Gran fraude cibernético.

Pero no vale la pena seguir insistiendo en lo que todo el mundo sabe. Hoy les requiero narrar lo que aconteció en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que se integró por representantes de todos los partidos de oposición para elaborar un dictamen sobre la elección.

Dios ciega a los que va a perder, porque  en un abuso contra la dignidad de los diputados el dictamen de marras llegó ya hecho, no sé si en el PRI o en la Secretaría de Gobernación, para el caso es lo mismo. No se respeta a los diputados y se les trata como menores de edad.

El dictamen lo elaboran Fernando Ortiz Arana, Santiago Oñate Laborde y Fidel Herrera Beltrán, ninguno de ellos miembros de la Comisión, por lo que sólo fue firmado por los priístas y rechazado por los diputados de la oposición.

Así las cosas, este dictamen ha sido llevado y traído para darle primera lectura; la fracción parlamentaria del PRI, auxiliada por porros y halcones que llevaron a la Cámara, se apoderó de la tribuna y en medio de protestas leyó el documento de marras, el cual, parece que habla de un supuesta elección efectuada en el paraíso dónde todo caminó a la perfección y se afirman mentiras como las siguientes:

• Los partidos, afirma el documento, tuvieron el derecho de abrir paquetes y lo hicieron así cuando fue necesario (seguramente ya se olvidó cuando el Ejército encañonó a los diputados panistas para impedirles el acceso a los paquetes electorales).
• Se dice que se determinó la ubicación de las 54,646 casillas electorales; se omite decir que en lugares como Sinaloa no se publicó (para que la gente no votara), la ubicación de las mismas.
• Dice además el dictamen: "Los partidos políticos ejercieron, con entera libertad, su derecho de objetar,  mediante la interposición del recurso de queja, los resultados del cómputo distrital ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral". Lo que se omite decir es que el famoso tribunal no recibió más que pruebas oficiales, lo cual al restringir las pruebas en el juicio viola la propia Constitución. Por lo anterior el maestro Ignacio Burgoa, así como Emilio Krieger, prestigiados juristas, protestaron públicamente.

Termina el dictamen para calificar la elección presidencial diciendo "que el proceso electoral federal para la renovación democrática del presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo apegado escrupulosamente a las normas constitucionales y a las que previene el Código Federal Electoral".

Vale la pena comentar que si lo anterior fuese cierto ¿Por qué más de 75 diputados de diversos partidos se inscribieron para hablar contra el dictamen?

¿Por qué se tuvo que suspender la sesión de la Cámara para desalojar a más de 200 halcones o guaruras golpeadores que el PRI tenía dentro del recinto parlamentario y los propios diputados de oposición exigieron que fueran desalojados los intrusos?

La junta parlamentaria duró más de 20 horas, los partidos de oposición fueron "mayoriados" y así se  pretende hacer un fraude más contra el pueblo que ya se hartó y cansó del sistema corrupto y cínico que nos malgobierna.

Termino transcribiendo la última parte de mi intervención ante la Cámara de Diputados porque creo que es indispensable que todos los ciudadanos insistamos en estos puntos para poder llegar a la democracia sin caer en la violencia que nadie bien nacido desea:

Al margen  de la resolución que adopte el Colegio Electoral me permito poner a consideración de la nación, por medio de sus representantes, las bases intransigibles para formular un acuerdo nacional que le asegure una transición pacífica a estadios de democracia aceptables para todos.

1. Definición plural de un nuevo marco legal para la dinámica político-electoral de la República, que incluya los siguientes puntos:

a) Reforma al artículo 60 constitucional, que asigne la responsabilidad de la preparación, organización y control de los procesos electorales a la sociedad civil mediante los partidos políticos y los mismos ciudadanos.

b) Adición constitucional para llevar a la categoría de garantías individuales los derechos políticos de los ciudadanos y otorgamiento de su protección jurisdiccional.

c) Creación de un tribunal federal electoral autónomo, con plenitud de jurisdicción y cuyas resoluciones sean definitivas e inatacables.

d) Prohibición legal a la afiliación compulsiva o de corporaciones a partidos políticos.

e) Integración por insaculación de los organismos electorales. Incluyendo la expedición de una credencial permanente de elector con características de identificación plena.

g) Creación de tipos penales e incremento de sanciones para conductas defraudatorias del voto.

2. Instalación de una comisión de la Cámara de Diputados que investigue la realización de conductas ilícitas y violatorias de los derechos humanos en el proceso electoral que nos ocupa. la que deberá presentar sus conclusiones dentro de seis meses.